5 de abril de 2018
Tribunal Supremo rechaza el habeas corpus y Lula podría ser detenido
Tras una intensa votación, el exmandatario de Brasil fue condenado por el Tribunal Supremo de ese país a 12 años de cárcel por los delitos de corrupción leve, lavado de activos y tráfico de influencias. Comunicado de solidaridad con Lula de parlamentarios latinoamericanos y europeos

La presidenta del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Carmen Lúcia, fue la encargada de sentenciar con su voto la condena a prisión del expresidente Lula da Silva. Al final, una votación de X sufragios contra X negó el recurso de habeas corpus que demandaba al defensa del exmandatario para salvarse de ir a prisión por delitos derivados de corrupción durante su mandato. Lula cumplirá una sentencia de 12 años en la cárcel, y no podrá presentarse a las elecciones presidenciales del país previstas para octubre de 2018 en las que figuraba como favorito.(R. Latinoamericano)

 

Tras más de 10 horas de juicio, la corte suprema de Brasil rechazó un recurso del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para apelar en libertad ante las máximas instancias judiciales una condena a 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.

 

El Supremo Tribunal Federal (STF) adoptó esa decisión por una estrecha mayoría de 6 votos a 5 poco después de la medianoche del miércoles, tras más de 10 horas de debates. Según juristas, Lula podría ser arrestado la semana próxima, cuando el tribunal de segunda instancia que lo condenó en enero analice las últimas objeciones de su defensa.

 

Lula ya había sido hallado culpable por dos tribunales y, de acuerdo con una jurisprudencia dictada por el propio Supremo y reflejada en la ajustada votación de este miércoles, una sentencia ratificada en segunda instancia permite el inicio de la ejecución de la pena.

 

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) votó este miércoles en contra del habeas corpus preventivo, presentado por la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, lo que abre paso a una orden de detención en su contra, que sería dictada por el juez Sérgio Moro.

 

Mientras el STF votaba el habeas corpus, movimientos sociales y sindicatos se movilizaron por todo Brasil en defensa del expresidente y su derecho a ser candidato a las elecciones presidenciales de octubre, en las cuales figura como favorito según las encuestas.

 

Moro, el juez del caso Lava Jato, condenó a Lula en julio de 2017 a nueve años de prisión por el supuesto delito de corrupción pasiva y lavado de dinero.

 

En enero de este año, el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), en Porto Alegre, ratificó la sentencia del juez Moro y condenó a Lula a 12 años y un mes de prisión.

 

El exmandatario ha denunciado el proceso como un persecución judicial en su contra liderada por el juez Moro, para evitar su candidatura presidencial.

 

La decisión de condena contra Lula fue dictada por un apartamento ubicado en una playa de Sao Paulo que supuestamente recibió el líder político de una empresa que tenía negocios con su Gobierno (2003-2010), pero dicha propiedad nunca ha estado a su nombre.

 

Representantes del Partido de los Trabajadores (PT), agrupación que postuló la candidatura de Lula, denunció en varias oportunidades que en Brasil existe una persecución política y judicial contra el exmandatario.

 

Comunicado de parlamentarios latinoamericanos y europeos

Situación política en Brasil y del expresidente Lula

Ante la denegación del habeas corpus presentado por el expresidente Lula en el Supremo Tribunal Federal de Brasil, los Parlamentarios europeos y latinoamericanos manifestamos nuestra preocupación con la democracia brasileña y repudiamos una violación más perpetrada por el poder judicial contra la Constitución brasileña y el debido proceso legal. La defensa de la Constitución implica en reconocer la presunción de inocencia, conforme definida en el parágrafo 57 del artículo 5º de la misma.

 

Repudiamos las recientes manifestaciones de sectores de las Fuerzas Armadas de Brasil con explicito apoyo del sector mediático, en especial de la cadena Globo, donde pretende repetir lo que se hizo en 1964, cuando se incitó jefes militares contra el gobierno constitucional de João Goulart.

 

Se confirma el pacto político-partidario de sectores del sistema judicial, organizados por la cadena Globo, con el objetivo de sacar a Lula del proceso electoral. Son los mismos sectores que promovieron el golpe del impeachment en 2016, y desde entonces, viene dilapidando el patrimonio nacional, entregando las riquezas y la soberanía de Brasil, además de retirar derechos de los trabajadores y destruir los programas sociales que beneficiaban el pueblo brasileño.

 

Condenamos enérgicamente la emboscada y los disparos de armas contra la reciente caravana del expresidente Lula por el sur de Brasil, así como la ejecución de la concejal de Rio de Janeiro Marielle Franco.

 

La salida para la crisis política, económica y social se encuentra en la realización de elecciones libres y democráticas con la participación de todas las fuerzas políticas y sin vetos autoritarios a Lula. Es el respeto al pacto político consagrado en la Constitución brasileña de 1988 que el Supremo Tribunal Federal tiene el deber de proteger.

 

Nuestra solidaridad con el compañero Lula y con el conjunto de militantes de organizaciones sociales y políticas de América Latina que están siendo objeto de una encarnizada violencia fascista, que ya se ha cobrado decenas de muertes.

 

Ciudad de Panamá, 5 de abril de 2018.

 

Firman:

Parlamentarios integrantes de:

Bancada Progresista del Parlamento del MERCOSUR,

Grupo político en el Parlamento Europeo Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL)

Parlamentarios de Izquierda del Parlamento Centroamericano, Parlamento Andino y Parlamento Latinoamericano.



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